Pese al masivo rechazo manifestado por organizaciones de vecinos y agrupaciones sociales, el cuerpo parlamentario aprobó hoy en primera lectura el proyecto de Código urbanístico diseñado por el Ejecutivo Porteño. Considera que el mismo contituye “una herramienta de planificación urbana clave para determinar cómo crecerá la ciudad en los próximos años, que establecerá los nuevos lineamientos sobre cuánto y dónde se puede construir, como también criterios y localización de actividades y usos”.
La normativa propiciada desde el comando de calle Uspallata, modifica el Código de Planeamiento Urbano -CPU- vigente desde el año 1977, que sufrió cambios sustanciales en 1989 y en 2000, a partir de la Ley 449, y de dos actualizaciones en los años 2007 y 2013.
Según sugieren los fundamentos de la flamante normativa,“este nuevo instrumento legal da cumplimiento al Plan Urbano Ambiental -PUA- e incorpora nuevos paradigmas para la concreción de una ciudad Integrada, Policéntrica, Plural, Saludable y Diversa, con morfologías y mixturas de usos que reconocen las identidades barriales y regulan el espacio privado desde el espacio público, con instrumentos de gestión urbano-ambiental que concretan el objetivo de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, y protege las áreas patrimoniales y de identidad existentes”.
Vale aclarar que el PUA, al que se hace referencia de una ley sancionada en 2008 a partir del un estudio y proyecto elaborado por un Consejo de arquitectos, empresarios y desarrolladores inmobiliarios nucleados autodenominado COPUA. El mismo postula una ciudad integrada en cuanto a la vinculación de todas sus zonas entre sí y, en especial, de la zona sur con el resto de la ciudad,los ríos que la rodean y el Conurbano y el Área Metropolitana. Habla de una ciudad Policéntrica que consolide la jerarquía de su gran Área Central y, simultáneamente, promueva una red de centros secundarios, así como de centros comunales y barriales con identidad y pujanza propia. Lo cierto es que a la COPUA poco le interesó interiorizarse de las necesidades de los vecinos a la hora de gestar el Plan Urbano Ambiental. No así de los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios.
La ciudad plural a la que aspira el Plan Urbano Ambiental elaborado por la COPUA, integraría a todos los sectores sociales, ofreciendo en especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así como un hábitat accesible para las personas con capacidades diferenciales. Sería saludable, dado que las condiciones de habitabilidad que garantizarían la calidad ambiental y la sostenibilidad, a partir del uso de tecnologías apropiadas en las actividades productivas y en los sistemas de transporte, de provisión adecuada de infraestructura de saneamiento, de la prevención de inundaciones y de la resolución de la gestión de los residuos, como por ejempli, el proceso de incinerador propuesto por el Ejecutivo y vetado por la Justicia porteña este año.
También aspira a la diversidad cultural a través de la multiplicidad de actividades «residenciales», productivas, culturales y con distintas densidades y morfologías, compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia.
Lo cierto es que más allá de estas poco desarrolladas buenas intenciones, el nuevo Código Urbanístico mira al espacio público desde el espacio privado, cambiando el eje de desarrollo de la Ciudad. Piensa la normativa morfológica que enfrentan calles, avenidas, plazas, parques y ríos en relación con la privatización del suelo con el objetivo de generar una ciudad a confortable desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria. Por lo demás, desatiende cualquier reconocimiento y protección de la ciudad existente.
Indicios de participación popular
En su intervención la presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, diputada Victoria Roldán Méndez (VJ) destacó proceso de construcción colectiva que tuvo el proyecto de ley.
La Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en cumplimiento del artículo 25 de la Ley N° 2.930 desarrolló estudios y publicaciones que sirvieron de orientación para el proyecto. Asimismo, y por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento Interno -RI- legislativo se requirió el informe técnico en virtud del cual la Subsecretaría adjuntó las Actas de la Comisión Asesora del PUA-Foro Permanente Participativo-COPE, las sugerencias y propuestas del Consejo del Plan Urbano Ambiental -CAPUA, artículos publicados en los medios de comunicación y convocatoria a vecinos, las constancias que acreditan la participación vecinal en los encuentros realizados en dos oportunidades en cada una de las 15 Comunas de la Ciudad así como también en barrios vulnerables, la constancia taquigráfica del Seminario del Foro Participativo Permanente realizado el 5 de junio del año pasado, las constancias de los Foros Participativos realizados durante el año 2017, presentaciones antes entidades académicas, comunicaciones oficiales a reparticiones del GCABA y sus respuestas, entre otros documentos.
En los fundamentos se destacó «que en esta casa legislativa se realizaron siete reuniones de Diputados de la Comisión de Planeamiento Urbano en las que se ha dado acabado cumplimiento con lo establecido en el artículo 147 del RI, el cual establece que «las reuniones de comisión tienen carácter público. Una vez abierta la reunión de una comisión, y durante la primera media hora, el presidente o presidenta debe invitar a los particulares o representantes de organizaciones no gubernamentales, que acrediten interés acerca de un asunto incluido en el orden del día, a que expongan oralmente o por escrito, sus opiniones sobre el mismo». En este sentido, y tal como surge de las versiones taquigráficas, la participación de los vecinos interesados estuvo garantizada, ya que los particulares que asistieron a las distintas reuniones pudieron hacer uso de la palabra y manifestarse una vez abierta la reunión ante los diputados presentes».
Más adelante se mencionó que «tal como se evidencia de la lectura de las versiones taquigráficas, a todas estas reuniones asistieron también los funcionarios del Ministerio que participaron en la redacción del proyecto de ley, a fin de brindar las explicaciones que se le requirieran y que el proyecto pudiera ser analizado con mayor profundidad».
Se explicó que se llevaron a cabo dos reuniones participativas: la primera el 4 de mayo último con el objetivo de recibir ideas, propuestas, dudas y sugerencias de todos los interesados en el proyecto. Hubo 188 inscriptos y 47 oradores. Para la segunda, realizada el 15 de junio, se conformó una mesa de trabajo con expertos, con el objetivo de debatir el proyecto con instituciones académicas reconocidas en la materia. La mesa estuvo compuesta por diputados integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y representantes del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA), Sociedad Central de Arquitectos (SCA), Universidades de Palermo, de Belgrano, Di Tella, Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Consejo Académico de Flacso, Consejo Profesional Inmobiliario (CUCICBA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro Argentino de Ingenieros (CAI), y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Por otro lado, se realizaron en la Legislatura quince reuniones con las Juntas Comunales para ampliar el proceso de debate del proyecto, «trabajando específicamente con los Juntistas de cada Comuna las particularidades de cada barrio, aclarando inquietudes y recibiendo nuevas propuestas y recomendaciones. Es dable destacar, que en las invitaciones se solicitó a las Juntas Comunales que consultaran – con la antelación necesaria- a los miembros de los Consejos Consultivos las opiniones, sugerencias y consideraciones respecto del proyecto para que pudieran remitirlas durante la reunión. Sin perjuicio de esto, y tal como surge de las versiones taquigráficas, en muchas de estas reuniones se pudieron manifestar miembros de los respectivos Consejos Consultivos Comunales».
Y cumpliendo con la Resolución 718/05 de la Legislatura, la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico emitió el dictamen correspondiente el 29 de agosto pasado.
La legisladora valoró que el nuevo texto legal «apunta a la transparencia y es comprensible». Con relación a los ejes fundamentales remarcó que «se estudió el espacio privado desde el espacio urbano. El 70 % de las alturas máximas en la Ciudad de Buenos Aires tendrán menos de 20 metros». Aludió a que «el actual zoning se convierte en macromanzanas» y enunció los principales cambios realizados al proyecto inicial. Ante funcionarios del Ejecutivo y técnicos presentes en el recinto reafirmó la «elaboración de políticas a largo plazo desde el Estado», el carácter «vanguardista del proyecto perfectible de actualizar» y concluyó que «es sin duda una ley histórica».
En la misma línea desde el oficialismo se expresaron Cecilia Ferrero, Maximiliano Sahonero abordando aspectos sobre barrios de emergencia, Cristina García cuestiones de tránsito y transporte, Hernán Reyes las obligaciones respecto a protección del patrimonio y Maximiliano Ferraro defendió la densificación como respuesta a las necesidades actuales y futuras. El presidente del bloque, Agustín Forchieri recordó que «el nuevo código hará de Buenos Aires una ciudad policéntrica, homogénea e integrada. Equilibrada entre el norte y el sur, y es respetuoso de la identidad de los barrios. La mistura de usos permitirá a sus vecinos trabajar y acceder a los servicios que necesitan, sin necesidad de trasladarse grandes distancias. La ciudad del futuro será producto de este nuevo código».
Debate en el recinto
Desde la oposición manifestaron unánimente la necesidad de modificar la legislación vigente y a la vez el desacuerdo con el proyecto, los diputados Fernando Vilardo y Marta Martínez (AyL), Myriam Bregman, Gabriel Solano (FIT), Sergio Abrevaya (GEN), Roy Cortina (PS), Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde, Javier Andrade (UC) y María Rosa Muiños (BP).
Argumentaron desprolijidades en el proyecto cuyo texto final fue «presentado dos o tres días antes de la sesión» y «en formato en papel estuvo desordenado». Se cuestionó el proceso participativo así como que en función de la «especulación inmobiliaria en una ciudad que tiene los mismos habitantes que en la década del 50, se habilitará construir en el tercio que resta con un avance sobre los espacios públicos».
«En los últimos diez años en la ciudad fueron cedidas más de 200 manzanas a emprendimientos privados», se afirmó. Y «el hecho que se construya más no derivará en que aumentará la población» en dos o tres millones como se aspira. «Las viviendas serán más chicas porque se permite construir en 18 metros cuadrados». Por otra parte se señalaron deficiencias para la habitabilidad y movilidad de los discapacitados y que «se delegan facultades a la autoridad de aplicación por lo que el Ejecutivo podrá habilitar soluciones no previstas en el Código».
Se aludió a «la emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires por la que hay 146 mil hogares con déficit, 255 mil viviendas vacías, es decir el 24% son ociosas; y que 980 mil personas alquilan siendo que el alquiler afecta hoy el 41% del ingreso familiar». También «a que el 5% de la población, 126 mil personas, viven recluidas en hoteles viejos». Y se preguntó «¿A dónde van a vivir los pobres?».
«Es una apuesta a la densificación no planeada sobre la base de mayor edificación limitando las alturas y amplía la constructividad, con el enrase las distintas mixturas de usos y las unidades de sustentabilidad se podrán usar muy mal al punto que cambiarán la fisonomía de barrios enteros para favorecer la constructividad» fueron algunas de las apreciaciones. Se cuestionó que sea «un modelo concentrado en la propiedad privada en detrimento de lo público, un modelo urbanístico altamente productor de fractura social dado que desconoce la dimensión humana».
Además, se adjudicó al proyecto una política de expulsión: «La ciudad tiene hoy la misma población que en el año 1946, ahora con más construcción y con la contradicción de que por primera vez más de la mitad de quienes trabajan diariamente en la ciudad viven en el Gran Buenos Aires». Respecto al valor del suelo se explicó que «entre los años 2002 y 2015 aumentó 569% y en la zona sur 712%» y que «en los últimos dos años se sancionaron leyes que habilitaron 2.400.000 m2 más para construir».
María Inés Gorbea y Juan José Nosiglia fundamentaron la abstención del bloque Evolución: «si bien somos conscientes que el actual Código está desactualizado también sabemos que el proyecto actual está lejos de ser el adecuado porque no tiene una visión integral de la ciudad». Reclamaron «una morfología urbana con identidad comunal» y advirtieron que «aumentaron los metros cuadrados construidos pero no la población y sobre un total de 1.400.000 viviendas 340 mil está deshabitadas, en los últimos 9 años la construcción de edificios aumentó 9 veces mayoritariamente en el corredor norte; la mayor parte está subconstruida con la zonas norte y este saturadas». La legisladora reclamó soluciones habitacionales para familias de las clases media y baja de modo racional, a fin de resolver los desequilibrios de densidad poblacional y finalmente instó a «estudiar en detalle el potencial constructivo sin privilegiar el mercado inmobiliario y muchas veces la especulación». Nosiglia reclamó antes, la sanción de la ley de plusvalía. El monobloque Mejor Ciudad que integra Marcelo Depierro también se abstuvo.
Por otra parte hubo invitaciones al oficialismo a la reflexión, para ampliar el consenso y se aclaró que «hay 40 propuestas de modificaciones presentadas que proponen cambios sustanciales, entre otras, en las condiciones de habitabilidad».
Tras cinco horas, la votación en general resultó de 34 votos afirmativos de Vamos Juntos, 20 negativos (UC, BP, PS, FIT, PTS, GEN) y 6 abstenciones (Evolución y Mejor Ciudad).