La Justicia emplazó al gobierno porteño a ejecutar las obras que por una medida cautelar previa debió realizar en el «Elefante Blanco», el edificio de 16 pisos en Villa Lugano iniciado en 1923 como el mayor hospital de Sudamérica, en cuyas tres primeras plantas viven unas 300 personas en situación de vulnerabilidad.
En la audiencia la jueza Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, comprometió a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Hábitat y de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) a revertir ese incumplimiento con «la acreditación de todas las obras que se realicen».
«A partir de ahora, el gobierno porteño deberá acreditar cada una de las obras que se hagan en el Elefante Blanco y terminar en 60 días la obra troncal, que es la limpieza y saneamiento de los tres pisos de sótano que están totalmente inundados y cubiertos de basura», dijo Ramiro Dos Santos, de la Defensoría General en lo Contencioso Administrativo.
También estuvo Gustavo Serra, un habitante del edificio que en diciembre último presentó el amparo judicial porque «vivir allí es un verdadero infierno».
Pese a que «el gobierno porteño empezó a limpiar el basural de abajo, lo hizo parcialmente y por eso siguen la humedad, las ratas y la contaminación», afirmó.
«Sabemos que esta no es una solución definitiva, pero mientras tanto queremos vivir como seres humanos. Por suerte, la jueza fue a constatar lo que estaba ocurriendo. Ella lloró al ver lo que vio en ese lugar donde yo viví casi toda mi vida», dijo el joven, actor de la causa que lleva Liberatore. Dos Santos, patrocinante de Serra, expresó su conformidad con el resultado de la audiencia de hoy.
Además de acreditar todas las obras que se hagan, dijo Dos Santos, «el gobierno tiene que cumplir con otro plazo: nombrar en 5 días a un coordinador que concentre toda la información relacionada con las mejoras, hacer un listado de las obras y definir un orden de prioridades».
Proveer de electricidad y de agua potable a las familias que viven en los tres pisos de la enorme construcción son las más importantes, junto a la limpieza y saneamiento de los sótanos, precisó Dos Santos, de la Defensoría General, que promovió el amparo.
Dos Santos explicó además que las tareas de fumigación, desratización y limpieza deben «acreditarse con certificados y que cada obra deberá quedar informada ante la justicia».
Durante la audiencia, un centenar de vecinos esperó ante el juzgado ubicado en Avenida de Mayo 660 los resultados de la reunión, acompañado por el equipo de profesionales que trabaja en la Defensoría.
«Los chicos se enferman de los bronquios, les salen infecciones en la piel, picaduras, forúnculos, urticarias, hay accidentes por los lugares inseguros que hay, y se llueve todo. Aunque la plata tienta, nosotros no nos vamos hasta que no tengamos una seguridad de que vamos a tener un lugar digno», dijo Graciela Leiva, residente hace 14 años en el Elefante Blanco.
Para Ramona Freyre, de 70 años, «la vida en el edificio es brava. Pero no nos vamos a ir por unos mangos que no alcanzan para nada. Nosotros nos merecemos tener una solución real a nuestro problema de vivienda», sostuvo.
El edificio está ubicado en una de las manzanas de la Villa 27 bis de Lugano, en lo que se conocía como Ciudad Oculta. «Pero desde que (Ricardo) Darín hizo la película nos empezamos a llamar Elefante Blanco. Nos apropiamos del nombre; tal vez por ser menos negativo y oscuro que el anterior», dijo la mujer.
Entre los puntos que los funcionarios se comprometieron a cumplir está el que asumió Hugo Savarino, de la UGIS, de relevar las fallas de electricidad y resolverlas. También consta en actas que el gobierno «realizará un análisis bacteriológico del agua de los tanques», entre otras obras.
La audiencia se enmarcó en el amparo promovido por la Defensoría General y tras la inspección que la propia jueza hizo en abril al lugar.
El edificio de 16 pisos a medio construir estaba destinado a ser el hospital más grande de Latinoamérica, pero el proyecto, que data de 1923, fue abandonado por los sucesivos gobiernos, por lo que sus tres primeros pisos fueron ocupados por familias sin vivienda, algunas de ellas desde hace unos 40 años.
De los Santos dijo que durante la audiencia de hoy los funcionarios porteños negaron los cuestionamientos o dijeron que «se estaban haciendo las obras», pero «los que se hizo fue muy poco en relación a lo que estaba previsto; lo más importante fue que se comprometieron a realizar las obras de ahora en más», indicó.
El edificio, ubicado en el cruce de las avenidas Eva Perón y Piedrabuena en el barrio de Villa Lugano, está ocupado por 312 personas, de los cuales el 47,1 por ciento son niños y adolescentes que viven en 75 precarias casillas construidas en los recovecos del inmueble, de acuerdo con un relevamiento de la Defensoría.