Víctimas y familiares de los damnificados en el accidente ferroviario en la terminal de Once se opusieron a un planteo de nulidad formulado por el presidente de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio ferroviario cuando ocurrió el siniestro en febrero pasado.
El abogado Martín Clemente, defensor del titular de TBA, Carlo Michele Ferrari, y de otros imputados en la causa, pidió al juez federal Claudio Bonadio, a cargo del sumario penal, que declare la nulidad de las declaraciones indagatorias de sus asistidos y de todos los actos que fueron consecuencia de las mismas.
El letrado sostuvo que la intimación a los imputados para que formulen sus descargos carecía de “precisión”, “detalle” y “claridad”, de modo que impedían a sus defendidos gozar de la facultad de negar la existencia de un suceso concreto”.
Clemente, y también otros defensores que no lo plasmaron en impugnaciones formales, cuestionaron las “referencias genéricas” y “supuestos elementos de prueba que no fueron exhibidos ni mucho menos explicados”.
Fuentes judiciales dijeron que cuando fue indagado, el 7 de mayo último, Ferrari no se negó a declarar y dijo que en TBA, donde había sido designado un año antes, cumplía una función “institucional”.
Notificados del planteo de nulidad por parte del magistrado, los abogados Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú, entre otros que asisten a víctimas y familiares de damnificados, solicitaron el rechazo, con costas, del planteo.
“En primer lugar, resulta extemporáneo, ya que no fue planteado en oportunidad de producirse las declaraciones indagatorias por los imputados (la de Ferrari fue el 7 de mayo último) ni por sus asistencias técnicas presentes en dichos actos”, expuso en su escrito Parrilli.
El abogado, representante de la querellante Miriam Octavo, opinó que “del contenido de las actas de las declaraciones indagatorias surgen, claramente expuestos, los hechos que fueron imputados a todos y cada uno de los indagados, lo que les permitió ejercer debidamente su derecho de defensa”.
Parrilli y Verdú indicaron que Clemente no señaló cuál fue el perjuicio concreto que a sus defendidos les habría causado la supuesta imprecisión y falta de claridad de las imputaciones.
Los querellantes recordaron fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal, según los cuales “no debe olvidarse que para que la declaración de invalidez de un acto procesal resulte procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto”, con “una efectiva limitación de un derecho del imputado”.
Una treintena de imputados, entre ellos los ex secretarios de transportes de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Antonio, Roque y Claudio Cirigliano, y el maquinista Marcos Córdoba fueron indagados por el hecho registrado el 22 de febrero último en la estación Once.
Esa mañana, aproximadamente a las 8.32, una formación de la línea Sarmiento, no pudo frenar y chocó contra el paragolpes del andén dos de esa terminal ferroviaria, provocando 51 muertos y casi 800 heridos.
Los planteos de nulidad de las indagatorias (y de todos los actos derivados o relacionados con las mismas) se producen cuando el juez analiza los descargos formulados para resolver la situación procesal de los imputados.