El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre el aumento de los precios de medicamentos más consumidos por personas mayores en Argentina desde noviembre de 2023. En el mismo se destaca la reducción de la cobertura y cambios en la política de medicamentos gratuitos de PAMI, limitando el acceso a ciertos medicamentos y excluyendo otros del vademécum. Aquellos que fueron excluidos del vademécum de PAMI experimentaron aumentos significativos en sus precios entre agosto de 2024 y enero de 2025, mientras que la jubilación mínima con bonos sufrió una caída del poder adquisitivo en términos de la canasta de medicamentos.
La realidad económica del país tomó un giro significativo tras el triunfo de Javier Milei en el ballotage de noviembre de 2023. Su llegada a la presidencia se tradujo en un profundo cambio en las políticas económicas del país. Las cuales han estado atadas a un preocupante aumento en los precios de los medicamentos, especialmente aquellos más utilizados por la población mayor. Esta situación genera una verdadera problemática social, pues el costo de los medicamentos se ha disparado, evidenciando la presión económica que enfrentan los jubiladxs y pensionadxs en un país donde la salud es un derecho esencial.
Según el informe de CEPA, en diciembre de 2023 el incremento de los medicamentos alcanzó el 40,9%, seguido de aumentos en enero (13,6%) y febrero (15,0%), mientras que, aunque los aumentos fueron menores en los meses siguientes, la tendencia se ha mantenido. Al compilar estos datos, se puede observar que para enero de 2025, la inflación acumulada para esta canasta de medicamentos superó el 220,0%, un dato alarmante que se contrapone a la inflación general, que se encontraba en 215,3% durante el mismo periodo.
Los fármacos que más han aumentado en precio son vitales para la salud de los adultos mayores, quienes dependen en gran medida de ellos para tratar diversas patologías relacionadas con el envejecimiento. Por ejemplo, el DAFLON 500, un venotónico esencial, ha incrementado su precio en un 101,6%, mientras que el IBUPIRAC 600 MG, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) comúnmente utilizado para aliviar el dolor, ha sufrido un alza del 110,9%. Estos aumentos no son meros números: son el reflejo del sufrimiento y la lucha diaria de aquellos que viven con ingresos fijos que, lamentablemente, no han tenido un ajuste proporcional a estos repentinos cambios en los costos de los medicamentos.
En este contexto, es fundamental mencionar el rol del PAMI (Programa de Atención Médica Integral), que tradicionalmente ha sido el pilar de asistencia para la población mayor en Argentina. En marzo de 2020, PAMI implementó un vademécum de medicamentos esenciales gratuitos, permitiendo a los jubilados acceder a una serie de fármacos sin costo alguno. Este fue un alivio significativo en un panorama económico ya complicado. Sin embargo, en 2024, se decidió realizar ajustes que limitaron el acceso a dichos medicamentos. La medida, que restringe la cobertura a solo cinco medicamentos para jubilados con ingresos de hasta 1,5 jubilaciones mínimas, es un claro indicador de la decisión del gobierno de priorizar la austeridad sobre la protección social.
El efecto de estas decisiones se ha visto reflejado en las carteras de quienes dependen de la jubilación mínima. Mientras los precios de la canasta de medicamentos PAMI han acumulado un aumento del 361,6% desde noviembre de 2023, las jubilaciones mínimas no han logrado un ajuste similar, obligando a muchos a decidir entre cubrir sus necesidades básicas y comprar los fármacos necesarios para su salud. Un jubilado que percibe una jubilación mínima con bono ha visto desplomarse su poder adquisitivo en 40,3 puntos porcentuales solo entre junio de 2023 y enero de 2025. Esta es una crisis que no solo se mide en números, sino en la calidad de vida de millones de personas en el país.
Los medicamentos son esenciales, pero el constante aumento de precios de los mismos arroja a la población mayor a vivir de forma precaria. Muchas de estas personas se ven obligadas a omitir algún tratamiento medicinal para poder sobrevivir económicamente. Ante este complejo escenario, cabe preguntarse si las políticas implementadas por el actual gobierno favorecen a los sectores más vulnerables de la sociedad o más bien los excluyen. La salud es un derecho humano fundamental y su acceso debe estar garantizado, sin importar las fluctuaciones del mercado o las decisiones políticas.