Un documento con sugerencias destinadas a precisar el lenguaje de los medios cuando se refieren a las víctimas de delitos de lesa humanidad, a los juicios que por esos hechos se llevan a cabo en todo el país y a la violación de los derechos humanos en todas sus formas, fue difundido hoy por la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
El documento fue elaborado a pedido de la Defensoría del Público por cuatro entidades que históricamente trabajan en el tema: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); las Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
El CELS sugiere «brindar mayor difusión al proceso de verdad, justicia y memoria como modo de fortalecer el estado de derecho. En los últimos años, en la Argentina tiene un lugar un proceso histórico y reconocido mundialmente» por aplicar ese proceso «a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar».
A pesar de su importancia, la entidad señaló que los juicios «tienen muy escasa cobertura en los medios audiovisuales con fines de lucro».
«Ya no es posible desconocer la participación» de los sectores «empresariales, burocráticos, mediáticos, judiciales, eclesiásticos» en los gobiernos que ejercieron el poder entre 1976 y 1983, por ello es fundamental que los medios incorporen la expresión ‘dictadura cívico militar'».
También sugirió llamar «presidentes de facto» a los que no fueron elegidos democráticamente, «como otra vía para contribuir al fortalecimiento de la democracia».
Respecto a las violaciones a los derechos humanos en su acepción más amplia, el CELS estima que «tienen una cobertura esporádica y parcial» en los servicios comerciales de comunicación audiovisual.
«Pocas veces, estos medios realizan coberturas periodísticas que hagan eje en la violencia institucional, en las dificultades de algunos sectores sociales para acceder a la justicia o en las graves consecuencias para la vida de las comunidades que tienen decisiones empresariales como la tercerización laboral», señala el informe.
Para la APDH, es necesario «evitar que los medios de comunicación amplifiquen y reproduzcan estereotipos y prejuicios sobre grupos que por su pertenencia étnica o social, identidad, características físicas, edad, pertenencia a un credo, situaciones de vida o enfermedades se encuentran en situación de vulnerabilidad».
A veces esos medios «estigmatizan en lugar de celebrar la diversidad que hace a una sociedad democrática, sostiene la APDH respecto a adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, poblaciones LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales), pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes» y otros colectivos.
El abordaje de cuestiones referidas a las mujeres desde una perspectiva de género implica «un trato de respeto e igualdad en la comunicación», pues el «lenguaje sexista y la cosificación que con frecuencia realizan los medios» en este tema revelan «una actitud de desvalorización y un trato desigual propios de una sociedad en la que el hombre tiene un rol dominante», explica la APDH.
Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo recomienda designar «con nombre y apellido biológicos a las víctimas de apropiación que fueron restituidas, con la finalidad de resguardar su intimidad y evitar que se las exponga públicamente hasta que lo deseen».
Además, la entidad sugiere que «resguardar el nombre con el que las personas apropiadas han vivido hasta que se devela la verdad contribuye a preservar, también, las investigaciones judiciales ya que evita que se difundan los datos de quienes participaron de su apropiación».
Y destaca la importancia de hablar con precisión: «no es correcto utilizar el término ‘adopción’ cuando no existió ese trámite legal», dicen. Y aconsejan «evitar un tratamiento sensacionalista de las noticias sobre recuperación de nietas o nietos, poniendo a dialogar víctimas y victimarios, cuando estos últimos deben dar respuestas ante la Justicia».
Para Familiares, los medios de comunicación «omiten nombrar a los detenidos por razones políticas ya que generalmente se hace referencia a la desaparición forzada de personas como la metodología utilizada por el terrorismo de Estado».
«La detención por razones políticas implicó la tortura y tuvo consecuencias que aún perduran en nuestra sociedad», señalaron los integrantes de la entidad al aportar sus sugerencias.
Para acceder al resto de las recomendaciones del documento se puede ingresar a los sitios de cada organismo en: www.cels.org.ar; www.apdh-argentina.org.ar/institucional; www.abuelas.org.ar y memoriaabierta.org.ar