El lunes 3 de junio, distintas organizaciones como El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Unidad Popular (UP), la CTAA Nacional, la CTAA Capital, la FENAT, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), y Sobernxs, presentaron un pedido de Juicio Político en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación por presuntos casos de mal desempeño, posibles delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes, en contra de Sandra Pettovello, ministra del Ministerio de Capital Humano.
La iniciativa fue impulsada debido al incumplimiento de sus funciones en proteger la vida, la integridad física y la salud de un gran porcentaje de la población, tal como lo establece la Ley N° 26.061 de Protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de cumplimiento obligatorio y de orden público. La desatención de las funciones asistenciales de parte de la Ministra se ha evidenciado en el ámbito de la alimentación de la población vulnerable, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, en un país donde la pobreza y la indigencia crecen en forma constante. Según datos de la Universidad de Di Tella, la pobreza afectó al 48,9% de la población en el período noviembre-abril, lo que representa a 29,4 millones de personas. Este valor refleja un incremento de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el período anterior de octubre-marzo, y un aumento significativo de 7,2 puntos en relación con el semestre de diciembre anterior, cuando Javier Milei asumió su cargo. Este indicador muestra una tendencia en constante crecimiento. De manera paralela, la tasa de indigencia, que indica la falta de cubrimiento de necesidades alimentarias básicas, alcanzó el 11,9%, es decir, unos 5,5 millones de personas se encuentran en esta situación.
Si bien esta tendencia fue heredada de la anterior gestión de Gobierno, que si bien enviaba alimentos a los comedores y merenderos, no logró revertir la tendencia. En diciembre de 2023, cuando asumió a la presidencia Milei, decidió crear el ministerio de Capital Humano y nombrar a Pettovello al frente con la misión de abordar la carencia alimentaria existente. Lamentablemente, en lugar de mejorarla, la situación empeoró y se convirtió en una crisis alimentaria extrema e inhumana, especialmente afectando a niños, niñas y adolescentes al suspender toda ayuda y envío de alimentos a los comedores y merenderos populares.
La justificación de Sandra Pettovello para suspender el envío de comida a comedores y merenderos, hasta tanto se realice una presunta auditoría, es considerada abusiva según lo establecido en el Código Civil y Comercial. En dicho código se señala que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir un acto ilícito, y que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. En este caso, la conducta de la Ministra se considera como un claro ejemplo de abuso de derecho. Por lo tanto, se exige que se inicie un Juicio Político en contra de la titular del Ministerio de Capital Humano para que se investiguen sus acciones y se haga justicia en beneficio de la población vulnerable que ha sido afectada por su falta de cumplimiento de sus deberes.
Por otra parte, vale recordar que tanto Sandra Pettovello, como Pablo de la Torre y Luis Scasso, han sido objeto de una denuncia penal en relación con el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano. La denuncia a Pettovello incluye presuntas contrataciones irregulares a través de acuerdos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el objetivo de simular la contratación de alrededor de cien empleados que nunca desempeñaron funciones reales. Este ardid se utilizó para desviar fondos hacia pagos de sobresueldos y la adquisición de dólares en el mercado negro, dañando así los recursos del Estado argentino. Según el Código Penal, estas acciones conllevan posibles delitos de administración fraudulenta contra la Administración Pública y falsificación de documentos públicos.
La investigación del organismo internacional reveló que la ministra Sandra Pettovello evitó los procedimientos legales en la contratación de personal, evitando la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, con el objetivo de desviar fondos y perjudicar al erario público. La funcionaria estaba al tanto de esta situación, ya que fue la responsable de firmar los convenios con la OEI para la asignación de fondos destinados a la contratación de personal para la Secretaría de De la Torre. Estos fondos se destinaron aparentemente a necesidades administrativas y técnicas de diversos programas que estaban bajo su supervisión.
A estos hechos se suma una nueva causa contra la ministra Sandra Pettovello por el delito de abusos de autoridad, la misma fue impulsada tras una investigación periodística que dio cuenta de que la funcionaria retenía y ocultaba toneladas de alimentos en los galpones de Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, y Tafí del Valle en Tucumán.
El juez federal de Tucumán, José Díaz Vélez, ordenó el allanamiento de los depósitos del Ministerio de Capital Humano en Tafí Viejo, donde se descubrió una gran cantidad de alimentos sin distribuir, incluyendo más de 300 mil kilos de leche en polvo próximos a vencer. En una situación similar, el juez federal porteño Sebastián Casanello ordenó un operativo en los depósitos de Villa Martelli, hallando seis toneladas de alimentos listos para repartir y alimentos vencidos. Estos actos, según el artículo 1725 del Código Civil y Comercial, afectan gravemente los derechos a la salud, la vida y la alimentación de la población vulnerable que la Ministra estaba llamada a proteger. Tales acciones podrían conllevar implicaciones legales conforme al artículo 106 del Código Penal, al haber dejado a las familias vulnerables, especialmente a niños y adolescentes, en situación de desamparo alimentario.