Familiares de personas con discapacidad y diversidad funcional reclaman la reincorporación de jóvenes de 22 a 30 años a las escuelas de formación integral de la Ciudad de Buenos Aires y que estos establecimientos vuelvan a funcionar como antes de la pandemia de coronavirus.
«Exigimos, en lo inmediato, se reincorpore a todxs lxs jóvenes y se vuelva al funcionamiento de la escuelas de formación integral como antes de la pandemia (año 2019), hasta tanto se realice un proyecto superador para que la continuidad educativa, políticas, a nivel nacional, que apoyen, acompañen a la formación permanente de nuestros hijos y que convoquen a lxs familias que somos los que día a día padecemos el desconocimiento y la discriminación de un país que los excluye», dice una carta abierta firmada en nombre de ese colectivo por Eliana Villar, madre de un joven de 18 años con trastorno espectro autista y diversidad funcional.
«Pertenecemos al colectivo de familias de personas con discapacidad y diversidad funcional, nuestros hijxs, hermanxs, familiares, concurrían hasta diciembre del año 2021 a las Escuelas de Formación integral del Área de Educación Especial, pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Bs. As», añade.
«Hacia fines de noviembre del 2021 nos comunican que el Gobierno de la Ciudad decidió, de manera totalmente arbitraria, recortar el transporte, las pasantías laborales y la edad de egreso de nuestrxs hijxs de 30 a 22 años quitándoles, sin ningún justificativo, 8 años de formación integral, totalmente necesario para ellxs. Sus argumentos fueron aplicar la Resolución 155/11, que data del año 2011, pero de la misma solo tomaron la edad de egreso», agrega.
«En dicha Resolución Nacional habla del egreso de los jóvenes a los 22 años hacia un proyecto superador para la Formación Permanente del Adulto con discapacidad, que cuente con, acreditación de saberes, cupo laboral del 5 por ciento, entre otras cosas».
«En todo este tiempo no fue creada ninguna de estas alternativas para nuestrxs jóvenes, o sea que el Gobierno porteño dejó a nuestrxs jóvenes en la calle, sin posibilidades, sin alternativa viable en el sistema educativo, vulnerando todos sus derechos», agrega.
«Esto es una violación a los derechos humanos de nuestros hijos e hijas, en marzo del 2022 los dejaron excluidos del sistema educativo sin ninguna posibilidad, ofreciendo, para callarnos, unos talleres de 2 horas, sin ninguna continuidad pedagógica, sin comedor, sin transporte, excluyendo de una manera cruel a los jóvenes. Ya llevan medio año sin escolaridad», denuncia.
Según la nota, el colectivo de familias de personas con discapacidad y diversidad funcional han marchado al Ministerio de Educación porteño, se han reunido con la Agencia Nacional de Discapacidad y han hecho presentaciones en la Defensoría del Pueblo y el INADI, sin obtener respuestas.
Asimismo, han acudido a la Defensoría Judicial, donde tienen en marcha un recurso de amparo, agrega.
Villar añade que le escribió una carta «personalmente» al Presidente, pidiendo «una audiencia, porque la resolución que tanto se nombra es Nacional y necesitamos políticas a nivel nacional para nuestros hijxs, y la respuesta que recibí ‘es que su agenda es muy complicada’.
Finalmente, menciona como ley que ampara el reclamo a la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea de la ONU en 2006 y a la que se le otorgó jerarquía constitucional en nuestro país el 19 de noviembre de 2014.