Lxs propietarixs de Maricafé, el bar LGBT+ del barrio de Palermo que en enero sufrió un atentado incendiario, denunciaron que “alguien está buscando que cerremos y usa a todo el aparato judicial y ejecutivo para sus fines”. Desde el siniestro, el local fue inspeccionado cuatro veces en siete días, estos operativos fueron realizados a raíz de falsas denuncias sobre ruidos molestos y ocupación indebida del espacio público.
«En siete días tuvimos cuatro inspecciones de parte de la AGC (Agencia Gubernamental de Control). Alguien está buscando que cerremos y usa a todo el aparato Judicial y Ejecutivo para sus fines. Denuncias que creemos vinculadas al atentado en Maricafé”, señalaron los responsables de este local y aseguraron que “La Fiscalía ya informó que esa denuncia por ‘ruidos molestos’ está desestimada y archivada. No nos dejan trabajar, nos siguen hostigando”.
El fundador y responsable de marketing de Maricafé, Pablo Terrera, aseguró que vamos a ampliar la denuncia” por el ataque registrado a mediados de enero porque “considero que esta acusación” por ruidos molestos que motivó las inspecciones “podría ser parte del ataque o envalentonamiento que produjo esta agresión en algunas personas homo odiantes», dijo y agregó: “Es redundante que hay un hostigamiento hacia Maricafé”.
En las inspecciones se llevaron a cabo los días 28 y 29 de enero, y el 4 y 5 de febrero y según afirmó su fundador “no encontraron nada irregular, tampoco ruidos molestos, sólo gente comiendo torta”.
Durante el amanecer del sábado 15 de enero, y cuando ya estaba cerrado, el bar Maricafé de Honduras 4096 (del barrio porteño de Palermo) fue objeto de un “ataque de odio” registrado por las cámaras de seguridad, que permiten ver como dos hombres arrojan una almohada prendida fuego a las puertas del lugar.
Afortunadamente, el bulto encendido no logró romper el vidrio y se consumió en el lugar sin generar más daños al local que el tizamiento de la pared, a pesar de que las imágenes muestran como los desconocidos volvieron para intentar atizar el fuego.
El ataque fue repudiado por las organizaciones de la diversidad sexual, y la titular del Inadi, Victoria Donda, se hizo presente el lunes siguiente en el lugar desde donde expresó su «preocupación» y la del gobierno nacional por el “aumento de este tipo de hechos de violencia, que forman parte de los discursos de odio del arco político, pero que también tienen una fuerte aceptación en gran parte de la sociedad».
Inicialmente, la causa por «averiguación de daño, incendio e intimidación» estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5 a cargo de Miguel Ángel Kessler, pero posteriormente se dispuso su traspaso a la Fiscalía N°1 especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual porque la hipótesis principal es un ataque de odio.
El pasado 26 de enero, esta fiscalía -interinamente a cargo de Norberto Brotto- autorizó la difusión de las imágenes de los agresores del bar LGBT Maricafé para poder identificarlos. Dos semanas después del ataque, comenzó una seguidilla de cuatro visitas de inspectores que a los dueños del bar les hace preguntarse si “el GCBA quiere cerrar Maricafé”.
“Lo que nos informó la AGC es que ellos están obligados a hacer las inspecciones porque recibieron un oficio del Ministerio Público que ordenaba visitas en cuatro días diferentes a raíz de una única denuncia”, contó y aseguró que «en una oportunidad vinieron con cuatro horas de diferencia, un abuso total porque además a ningún otro negocio del barrio le ha pasado”.
Terrera aseguró que “nadie recibe tantas denuncias” como los espacios dirigidos al colectivo de la diversidad sexual, y atribuyó esa discrepancia exclusivamente a la discriminación. Por eso adelantó que está convocando a “otros espacios y comercios LGBT+” para conformarse como “bloque” y reclamar de manera conjunta por esta situación.
“Vamos a pedir un informe a la AGC para ver la cantidad de denuncias a nuestros espacios versus todos los demás, para ver cuál es el desvío y que se pueda conocer que hay hostigamiento homo odiante. Además, creemos que el organismo tiene que tener un área especial para filtrar y desestimar las denuncias falsas”, dijo y reclamó enfáticamente que “quiere trabajar” en lugar de tener que estar reuniéndose con funcionarios y agentes judiciales.
“Es una locura que en lugar de estar pensando en nuestros postres de invierno, tenga que estar viendo cómo viene el proceso judicial; es una locura que una cafetería chiquita de barrio tenga que usar sus redes sociales para hablar de temas judiciales y no de lo que ofrecemos como espacio”, concluyó.
Maricafé se promociona como “la primer cafetería con Librería LGBTI+ de Argentina”, y es famosa por su torta de bizcochuelo multicolor, en alusión a la bandera del colectivo.