«SOLUCIÓN HABITACIONAL DEFINITIVA»

Beneficiarios del Programa Apoyo Habitacional del gobierno porteño, que sigue vigente en virtud de una medida cautelar tras un intento de cierre en 2009, reclamaron ante los tribunales una «solución definitiva» para las 120 familias que viven precariamente en hoteles subsidiados.
En la primera audiencia para resolver la cuestión denunciaron también que, por segundo año consecutivo, la gestión macrista no ejecutó en 2012 una partida de 28.5 millones de pesos destinados a créditos hipotecarios para esas personas.
Al respecto, cuestionaron que en cambio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires gasta «3.600 pesos por mes» para alojar, «en condiciones deplorables», a «una familia de cuatro miembros» en habitaciones que se contratan directamente a propietarios de hoteles.
«Hace 12 años que vivo en hoteles y he padecido situaciones de un maltrato que no se puede creer: lugares donde llovía más adentro que afuera, con ratas en los tanques, chicos que se murieron, familias que se disgregaron. La mayoría siguen viviendo en esas condiciones», dijo Patricia Aurora Pérez.
La mujer, y otros 14 beneficiarios estuvieron hoy en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la CABA con motivo de la primera audiencia tras la apelación, por parte de la Ciudad, del fallo de la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributario que suspendió el cierre del programa.
Los “hotelados” afirman que ese sistema subsidia la oferta y no la demanda y da lugar a todo tipo de irregularidades con la necesidad como excusa.
El gobierno «paga por nosotros el triple de lo que pagan los pasajeros comunes en estos hoteles, y las condiciones son nefastas», aseveró la mujer.
«Llegan a poner seis o siete personas en una misma habitación a pesar de que se trata de personas en situación de vulnerabilidad, con problemas de salud o con discapacidades profundas. No somos cómodos, somos esclavos de un capitalismo que negocia a través nuestro», argumentó.
Celina Cóceres lleva el mismo tiempo como hotelada y en la misma situación están hoy sus 7 hijos y 5 nietos.
Ahora tiene «tres habitaciones, después de muchas peleas con el dueño del hotel. El lugar parece muy lindo por fuera pero está todo roto a tal punto que la vida se hace imposible», dijo.
«Yo tenía a mi mamá postrada, cuando se murió la dueña no quería que la diera de baja y luego consiguió que durante varios años le pagaran por tres personas en lugar de una, por una habitación miserable», contó Ana María Betancor.
Creado en 1996, este sistema tuvo modificaciones a través de los años hasta que en 2004 se creó el Programa de Apoyo Habitacional, que depende de la Subsecretaría de Acción Social y brinda alojamiento «transitorio» en hoteles a personas en condición de vulnerabilidad.
Las autoridades metropolitanas, a través del decreto 574, en 2009 suspendieron esa prestación y, en contrapartida, ofrecieron un subsidio habitacional, por única vez, de entre 25 y 35 mil pesos para las familias que aceptasen abandonar los hoteles.
«Por supuesto, las familias no podían obtener una vivienda digna con ese monto y muchas de ellas no quisieron dejar de pertenecer al programa, por lo que el Ejecutivo local tuvo que prorrogar en reiteradas oportunidades la fecha de cierre», explicó Jonathan Baldiviezo, del Colectivo por la Igualdad y representante legal de los hotelados que se quedaron.
Pero en 2010 no hubo nuevas prórrogas y una parte de los 120 beneficiarios que seguían en hoteles presentaron una acción de amparo, que tuvo un fallo desfavorable en primera instancia pero luego fue avalada por la Cámara, en una sentencia que recurrió la Ciudad y ahora llegó al Tribunal Superior de Justicia.
En esta primera audiencia, en la que el Tribunal se limitó a solicitar información sobre la situación actual del programa y sus beneficiarios, participaron los jueces José Osvaldo Casás y Luis Francisco Lozano y el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la cartera social porteña, Santiago López Medrano.
También estuvieron el procurador general adjunto, Fabián Zampone; la Asesora General Tutelar, Laura Musa; el patrocinante legal de los beneficiarios, Jonathan Baldiviezo, y dos de los hotelados.
Según se acordó, el miércoles 10 de abril a las 9 tendrá lugar la próxima audiencia, que a diferencia de la de hoy, tendrá carácter público.