La Legislatura porteña aprobó la ley Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad que otorga facultades extraordinarios al Jefe de Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus. A partir de la promulgación de esta normativa, Horacio Rodríguez Larreta podrá reasignar partidas presupuestarias, revisar programas no esenciales y contratos de bienes y servicios sin previa consulta a la Legislatura.
La iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución y GEN, mientras que concitó el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda.
El proyecto del Ejecutivo porteño ingresó a la Legislatura, hace dos semanas, al tiempo que el ministro de Economía Martín Mura daba cuenta que las crisis de recaudación que atraviesa la actual administración ronda en los 80.000 millones de pesos.
Durante el tratamiento de esta iniciativa en la Comisión de Presupuesto, recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, que hicieron peligrar su aprobación. Uno de los puntos más polémicos facultaba a Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores de la Ciudad «ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas». Si bien este punto logró subsanarse, en la normativa no se contempla la situación del personal contratado, lo que pone en riesgo a cerca de 18 mil trabajadores.
Lo ediles opositores criticaron también la modalidad que adoptará el Ejecutivo porteño a la hora de reasignar partidas sin que exista ningún control parlamentario. La respuesta del oficialismo a fue la creación de una comisión especial de seguimiento «insuficiente», obviamente conformada por ediles afines al Jefe de Gobierno. En este sentido, la diputada Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que la estructura de ese cuerpo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo y que se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”.
Vallas, protestas e indiferencia
Mientras el Proyecto de Emergencia Económica se trataba en el recinto. La Legislatura porteña permaneció vallada y se desplegó en la inmediaciones un fuerte operativo de seguridad. Esta medida no impidió que militantes de partidos de izquierda, gremios docentes y residentes médicos protestaran en las calles aledañas.
«Es indignante que en una ciudad con un alto nivel de recaudación, la primera respuesta del Gobierno sea atacar a uno de los sectores más vulnerables, el de las y los trabajadores contratados y estatales», dijo Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS, quien participó de la convocatoria.
La Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) también participó de la protesta y una de sus dirigentes, Vanesa Gagliardi, afirmó que, aunque se hayan eliminado algunos artículos del proyecto original, «se mantiene el ajuste salarial»
«Se rumorea que el Jefe de Gobierno eliminó algunos artículos del borrador de la iniciativa, pero todas las versiones confirman que se mantiene el ajuste salarial, a través del congelamiento de paritarias con una inflación de más del 50% interanual, la suspensión del pase a planta, consolidando en 20.000 precarizados en la Ciudad y otras barbaridades», dijo.
Celeste Fierro, dirigente del MST-FIT Unidad, apuntó: «El mismo gobierno al que denunciamos por la compra con sobreprecios de barbijos vencidos a amigos de la patria contratista, que gasta millones en equipamiento antidisturbios, hoy busca cargar el precio de la crisis sobre los trabajadores de la ciudad».
«Proponemos otra versión de la Emergencia Económica: que se aumenten partidas para salud, para salarios, para urbanización urgente en base a suspender el pago de 48.000 millones de pesos de deuda externa de la CABA», añadió Fierro.
La asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA también acudió a la convocatoria «en defensa de los salarios, de elementos de protección personal y de insumos para el hospital público».
Nueve claves nueve
La Ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, contempla nueve puntos claves:
- Faculta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a llevar adelante la reasignación de partidas presupuestarias con el fin de atender tanto la emergencia sanitaria como los efectos que la situación económica produzca. Queda suspendido el tope del 5 por ciento fijado por la legislación y desde la oposición sostienen que habrá discrecionalidad total para manejar el 100% de los fondos.
- Elimina o suspende transitoriamente afectaciones específicas, exceptuando aquellos beneficios sociales a personas.
- El Ejecutivo porteño podrá llevar a cabo la Revisión de programas no esenciales, suspendiéndose o postergándose todo programa o acción que no sea crítica ni indispensable en el marco de la lucha contra la pandemia. Al respecto, la oposición criticó la falta de especificidad en la medida, que podría aplicarse a cualquier programa sin distinción respecto de su importancia para actores en riesgo.
- Establece bonificaciones y descuentos de hasta un 30% en ABL y la Patente Vehicular para quienes abonen de forma anticipadas estos tributos. Desde la oposición se señaló que se beneficiarán de esto aquellos sectores de mayores ingresos, los que pueden afrontar de mejor manera la crisis.
- Suspende medidas cautelares y ejecuciones fiscales: La AGIP no iniciará estos procesos ni otros similares hasta el 30 de junio del 2020.
- Otorga facultades al Ejecutivo para revisar de los contratos de bienes, servicios, obras y concesiones. Los incrementos de recursos que resulten de estas revisiones serán destinados reforzar acciones de la emergencia sanitaria.
- Establece el congelamiento de la planta de personal y de las estructuras de autoridades superiores. No habrá nuevas incorporaciones en ninguno de los tres poderes ni en el resto de los organismos alcanzados por la ley. Cada poder establecerá sus excepciones, por ejemplo, en las áreas de mayor criticidad como Salud.
- Suspende bonificaciones, premios e incentivos salariales, quedando exceptuados los que se otorguen en el marco de la prestación de servicios inherentes a la emergencia sanitaria.
- Pone tope al incremento de remuneraciones. Autoridades de entes descentralizados y empresas y sociedades del Estado no podrán incrementar aquellas remuneraciones que ya se encuentren por sobre la del Jefe de Gobierno, según equivalencias que se establezcan.