Hace meses que los trabajadores y las trabajadoras del subterráneo de Buenos Aires bregan por la reducción de su jornada laboral a 30 horas semanales. Esto se debe a la exposición al asbesto, Desde hace alrededor de cinco años, este mineral, altamente cancerígeno para las personas está en contacto directo con los operarios y operarias de este servicio. Por esta razón, exigen a la empresa concesionaria la puesta en marcha un plan de desasbestización «rápido y eficiente» a través de acciones en las líneas del subte y solicitan la intervención del Ministerio de Salud porteño para dar respuesta a la problemática.
«La idea es buscarle soluciones a un problema que hoy está diseminado por todo el subterráneo. Falta sacar 300 toneladas, o sea 300 mil kilos de asbesto del subte, y eso va a llevar 5, 6, capaz hasta 10 años más porque obviamente ya vamos 5 años y recién se pudieron sacar 90 toneladas, que es más que un Obelisco», dijo Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
Los pedidos de las y los trabajadores del subte son una reducción de su jornada laboral que actualmente es de seis días a la semana, seis horas cada vez, a una de cinco días con 30 horas semanales, además de un plan para quitar el asbesto que sea «rápido y eficiente».
Ante esto, el gremio AGTSyP pidió a fines de mayo la intervención del ministro de salud porteño, Fernán Quirós.
Una de las exigencias centrales de la solicitud es la creación de un «registro público con los antecedentes laborales vinculados a los trabajadores y trabajadoras actualmente expuestos al amianto (o asbesto), producto de la larga latencia del mineral».
Además, pidió una «audiencia urgente» para exponer la situación y «requerir medidas urgentes de mitigación, atención y prevención, destinadas a los trabajadores que cumplen funciones en el ámbito del Subte y Premetro, a pasajeros y transeúntes, y a la población en general», y la creación de una mesa de diálogo para abordar la problemática.
«La palabra del ministro de Salud de la ciudad aporta porque obviamente es un transporte masivo de pasajeros y es una cuestión de salud ambiental», dijo Ledesma.
Desde la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) informaron que existe un «Plan de Gestión de Asbesto» desde 2018 y una comisión integrada por Sbase, Emova, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental (APrA), la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (Salud), el INTI y la Defensoría del Pueblo.
En este sentido, informaron que se realizaron alrededor de «mil análisis en elementos sospechosos en formaciones», «2.600 mediciones de calidad de aire», «casi 800 inspecciones» y «comenzaron los procesos de desasbestizado en diferentes líneas y en el resto de las instalaciones».
Sin embargo, en abril de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo falló en contra del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sbase y Emova que habían presentado un recurso de amparo ante una medida cautelar emitida por la jueza Elena Liberatori a favor de una demanda ambiental presentada por representantes de la AGTSyP.
En el fallo, la Cámara afirma que si bien se realizaron «acciones tendientes a sanear el daño ambiental que habría sido ocasionado por asbesto en la red de subterráneos (…) lo cierto es que ello no habría resultado suficiente hasta el momento para justificar el incumplimiento de las expresas obligaciones impuestas a su cargo».
«No es posible vislumbrar como pretende el GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) que la situación haya quedado superada por las acciones que viene desplegando», agrega el fallo, firmado por los jueces de Cámara Carlos Francisco Balbín, Fabiana Haydee Schafrik y Pablo César Mantaras.
Y advierte que «no logró desacreditar los elementos que darían cuenta de la existencia de asbesto en transgresión a la normativa aplicable y su incidencia nociva para el ambiente y con ello para la salud».
Además de la demanda ambiental presentada por AGTSyP, el ex inspector de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires e ingeniero en Higiene y Seguridad, Edgardo Castro, denunció en septiembre de 2019 a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2.
Lo hizo por «compra ilegal y por uso de vagones contaminados con amianto, por encubrimiento, y por no descartar los vagones de manera correcta luego de sacarlos de circulación», contó Castro a esta agencia.