El juez federal Claudio Bonadío cerró hoy la instrucción de la causa penal por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 con un saldo de 51 muertos, y dio vista al fiscal y a las querellas para que formulen sus requerimientos de elevación a juicio oral.
El juez inició así el camino para enviar a todos los acusados al banquillo, en una resolución en la que advirtió que tomará medidas si detecta «conductas obstruccionistas» para dilatar el debate.
La decisión se conoce después de que la Cámara Federal porteña resolviera, el viernes pasado, dejar procesados a exfuncionarios nacionales involucrados y a los empresarios que tenían la concesión de ese servicio ferroviario, por estrago culposo y defraudación a la administración pública.
Bonadío recordó que un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la causa Clarín, estableció que un juez es competente para «exigir buena fe procesal» y adoptar «medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas».
«La causa Once tiene gran trascendencia social», acotó Bonadío y aludió a que los deudos de las víctimas fatales y los heridos «requieren e intiman que la encuesta sea elevada sin demoras innecesarias a juicio oral». Afirmó que con ello se podrá dar «certeza a la sociedad en general y a las víctimas en particular respecto de los hechos».
En diciembre último, el juez había habilitado la feria judicial de enero para avanzar con el envío de la causa a juicio si hubiese una resolución de la Cámara Federal sobre los procesamientos dictados en primera instancia, lo que pasó justamente el viernes.
El juez corrió vista «de manera excepcional» en simultáneo a la fiscalía y a los grupos de querellas unificados en el caso para que formulen sus requerimientos en un plazo de seis días hábiles prorrogables por otros seis. Luego será el turno de las defensas y finalmente emitirá su auto de elevación a juicio, que es inapelable.
El magistrado recordó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país en el Caso Bulacio y dictaminó que debe aplicarse celeridad a los juicios, en un fallo que para Bonadío es vinculante.
El fiscal Federico Delgado adelantó que acordará en enviar a todos los procesados a juicio por «administración fraudulenta» y «estrago culposo», las figuras que dejó firmes la Cámara Federal el viernes.
En esa resolución, el tribunal confirmó los procesamientos de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y de los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, de la firma concesionaria TBA, entre otros acusados.
El fiscal también pedirá el juicio para el conductor del tren, Marcos Córdoba, por estrago culposo, luego de que se revocó su sobreseimiento y quedó procesado por orden del tribunal de apelaciones.
Además irán a juicio el ex subsecretario de Transporte Antonio Luna y los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro.
De manera paralela a esta decisión y en otro juzgado, el federal de Sebastián Ramos, seguirá tramitándose la causa penal que investiga el uso dado a los subsidios que recibía la empresa concesionaria.