El clima que vivió la «city porteña» jueves 5 de diciembre fue semejante al de una ciudad en estado de sitio. Hubo carros de asalto distribuidos en las inmediaciones del palacio legislativo, cuadras totalmente valladas y una nutrida e intimidatoria presencia policial en las veredas. Este intenso despliegue de seguridad se extendió durante las 12 horas que duró la sesión de la Legislatura porteña que pasará a la historia como la más escandalosa desde su conformación.
Escandalosa y con ribetes obscenos.
En la última sesión legislativa con mayoría automática propia, el oficialismo se permitió sancionar leyes aberrantes, entre ellas, dos que modifican del Código Contravencional -aprobado hace un año, también por mayoría automática-, «con el objetivo de adecuar y mejorar las herramientas del sistema con la idea de lograr hacer de este Código una herramienta más ágil y eficaz al momento de su aplicación por la Justicia local» (sic).
Ambas iniciativas, impulsadas por los diputados oficialistas Daniel Presti y Gastón Blanchetiere, ingresaron a la Legislatura porteña el 29 de noviembre por la tarde y tuvieron trámite exprés en las comisiones de Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, que, de manera insólita, demoraron tan solo cuatro días en estudiarlas, analizarlas, observarlas y enviarlas al recinto para ser tratadas.
La primera de estas normas modifica los artículos Código Contravencional referidos a: graduación de la sanción (art. 26); interrupción de la prescripción (art. 44); remisión de sentencias y notificación de rebeldías (art. 48); solicitud de antecedentes (art. 48) y la cancelación de registros del Código (art. 50). Y, además, incorpora el artículo 44 bis, sobre suspensión de la prescripción de la acción. La segunda, que con la finalidad de «ajustarse a principios de celeridad, inmediatez y economía procesal de raigambre constitucional», modifica los artículos referidos a la Prevención (art. 17); Medidas precautorias (art. 22); Aprehensión Procedimiento de fragrancia (art. 23); Acta contravencional (art. 37); Trámite de la Apelación (art. 53); Recursos ante el Tribunal Superior (art. 55) y agrega los artículos 23 Bis: Audiencia multipropósito; 23 Ter: Prueba; 23 Quater: Sentencia. Comunicaciones y el artículo 37 bis: Intimación y notificación de derechos de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Toda esta ininteligible y compleja ingeniera jurídica fue elaborada con el propósito de agravar sanciones; interrumpir prescripciones; endurecer sentencias; instaurar un registro de antecedentes contravencionales y criminalizar cualquier actividad que se desarrolle en la vía pública que, a criterio de las fuerzas de seguridad, constituya una falta o contravención. Lo concreto es que las modificaciones introducidas en ambas normas robustecen el accionar de las fuerzas de seguridad. Habilita a la Policía de la Ciudad a realizar detenciones arbitrarias por el termino de 48 horas. Y acepta un acta contravencional como prueba suficiente para certificar una falta ante la Justicia.
«Se trata de una modificación que surge a partir de la búsqueda de los mecanismos necesarios para dotar de nuevas y modernas herramientas a la justicia local. Ellas traerán la agilidad de los procedimientos de flagrancia combatiendo de esa manera los procesos lentos y la burocratización del servicio de justicia en hechos previstos en el código de fondo», apunta en los fundamentos el pronto despacho emitido por las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. Lo cierto es que con esta reforma cualquier ciudadano o ciudadana puede puede ser contraventxr: desde un vendedor ambulante hasta un grupo de personas que se manifiesta pacíficamente en la vía publica.
Tan controvertidas resultan estas reformas, que aliados históricos del oficialismo las votaron en contra. La modificación al Código Contravencional fue aprobada con los 35 votos que ostenta el larretismo, mientras que por la negativa se expresaron las 23 almas. La segunda norma fue aprobada por 31 votos ultraoficialistas. En tanto que lxs diputadxs que integran la alianza Larreta-Carrió en la Legislatura porteña: Hernán Cingolani, Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro y Cecilia Ferrero, optaron por la abstención.
En la discusión en el recinto, destacó la intervención de la diputada Myriam Bregman (PTS-FI) quien advirtió que las modificaciones aplicadas al Código Contravencional «son inconstitucionales» y aseguró que las mismas responden al «lobby policial», dado que beneficia únicamente a las fuerzas de seguridad.
«Tanto se piensa una Ciudad para el turismo que parece que no cae bien mostrar que hay desocupación y la gente se gana la vida como puede, así que necesitan legalizar las practicas de mano dura», enfatizó Bregman, y agregó con ironía: «Un gran enemigo del Gobierno de la Ciudad son los vendedores de paltas. ¿Qué pasará con ellos o con los miembros de la comunidad Senegalesa, con los cual tiene tanta animosidad la policía de esta ciudad?».
El diputado Leandro Halperín (Ev) expresó su «preocupación y la falta de consenso incluso hacia adentro del bloque oficialista» a la vez que se quejó porque «el Ejecutivo avanza sin tiempos para reflexionar».
La jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, recordó que «es la cuarta o quinta vez que se reforma el Código Contravencional» y que «apenas tuvimos cuatro días para estudiar los expedientes en la Comisión». Por último calificó las modificaciones introducidas de «regresivas e inconstitucionales». En similar sentido se manifestó su par Hernán Arce, del socialismo.
Gabriel Solano (FIT) y Sergio Abrevaya (Gen) adelantaron su voto negativo a los dos proyectos de ley y desde Vamos Juntos Maximiliano Ferraro explicó sus disidencias con algunos aspectos.