El programa de atención a víctimas de delitos sexuales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires «no está funcionando» aseveró Elena Leuzzi, ex coordinadora del servicio, quien calificó la decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, como «inhumana».
El 2 de enero la llamaron por teléfono y le dijeron que «desocupara la oficina (en Rivadavia al 600)», recordó la presidenta de la ONG Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), quien coordinaba el programa estatal desde 2008.
El 9 de enero Claudio Avruj, subsecretario de Derechos Humanos porteño, de quien dependía el servicio, escribió en su cuenta de Twitter: «Continuamos brindando, como siempre, asistencia inmediata y acompañamiento legal, social y psicológico a víctimas de delitos sexuales».
«Es una mentira. No se está asistiendo a la víctimas» afirmó Leuzzi, quien responsabilizó por la situación al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a quien calificó como «un insensible».
La dirigente coordinaba un equipo de cinco personas «que fuimos maltratadas durante 2013 hasta que se concretó el cierre del programa por el cual pasaron más de 3.000 personas que recibieron asistencia».
Pionera en crear una organización para asistencia a víctimas de violación a partir del abuso sufrido por su hija, la mujer contó que «nos presionaron para ir a cuidarle las urnas a Miguel Del Sel (elegido diputado nacional del PRO por Santa Fe) y nos llevaron al hotel a festejar que había ganado».
Leuzzi señaló que «esto es sólo parte de todo lo que tengo para contar sobre la gestión de Macri. Y tengo pruebas», e inmediatamente pidió hablar de «quienes importan: las más de 300 víctimas que quedaron sin asistencia».
El desmantelamiento del equipo especializado implicó que quedaran sin trabajo, además de la coordinadora, la psicóloga especializada en abuso sexual infantil, Julieta Petite; la abogada Silvia Weksel y Ceferina González, la joven que fue violada en 2001 y que junto a su mamá fundó Avivi.
«A mi hija la volvieron a violar con esta decisión. Ella se encargaba de acompañar a las niñas violadas que quedaban embarazadas y llegaban al programa a pedir ayuda», compartió la dirigente social.
El sueldo de cada integrante del equipo «era de 4.000 pesos y el mío, desde septiembre del año pasado, era de 5.000. La plata la usamos para vivir y para sostener Avivi», explicó la mujer.
La sede de la ONG es la casa familiar de Leuzzi que ella describe como «una prefabricada, donde vivimos toda la familia y único lugar que, por ahora, pensamos posible para comenzar a atender a las víctimas».
Aclaró además que «jamás recibimos subsidios del Gobierno de la Ciudad, quien dice eso, miente».
Muchas de las personas que se estaban asistiendo en el programa estatal «se contactaron conmigo, ofrecieron sus casas. Estamos pensando en conjunto cómo seguir».
El llamado que recibió de una chica sobreviviente de abuso «me quebró y, a la vez, me dio fuerza. Ella se intentó suicidar dos veces y ahora me dijo: «María Elena te prometo que no voy a hacer nada si vos me prometés que me seguís acompañando».
El trabajo del equipo consistía, entro otras acciones, en «acompañar a las víctimas a hacer la denuncia, llevarlas al cuerpo médico forense, estar junto a ellas para que tomen los medicamentos de urgencia, seguir el proceso judicial y asegurarnos la contención psicológica», relató.
Si bien Leuzzi confesó que «estoy muy mal», valoró «un invitación que me hicieron del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para tener una reunión con el equipo que trabaja violencia de género».
Para la militante contra la violencia «lo que hizo Macri con las víctimas es inhumano, perverso, pero nosotras vamos a seguir, porque a nosotras sí nos importan las víctimas».