VILLA LUGANO: UNA LEY DE URBANIZACIÓN INCUMPLIDA

Ante la toma del predio de Villa Lugano, la Corriente Villera Independiente, emitió un comunicado de prensa donde responsabiliza a la actual gestión de gobierno de la Ciudad “de generar, a través de sus punteros, un escenario de violencia en la ocupación pacífica de dichas tierras”.
“Montados en la necesidad de una vivienda digna que tienen muchas vecinas y vecinos, los funcionarios utilizan esta situación de crisis habitacional para continuar incumpliendo con las obras que tienen pactadas realizar en Villa 20 y desconocer el compromiso de la construcción viviendas dispuestas por la Ley 1770”, señala el comunicado, donde también se repudia » la falta de respuesta ante el derecho de una vivienda digna y los negociados inmobiliarios que pretende realizar el Gobierno de la Ciudad en los terrenos dispuestos para la construcción de viviendas”.

Historia de una promesa incumplida
En agosto del año 2005, la Legislatura porteña sancionaba la Ley 1770, que un mes más tarde sería promulgada por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra. En la misma, se afectaba en el polígono comprendido por la Av. Francisco Fernández de la Cruz, eje de la calle Pola y línea de deslinde con el Distrito U8 a la urbanización de la villa 20.
También encomendaba al Instituto de Vivienda de la Ciudad a censar a la población de esa villa, en el término de treinta 30 días de promulgada la Ley, con la finalidad de determinar la cantidad posibles de viviendas a construir. En tanto que el Ejecutivo debía realizar una audiencia pública con los vecinos y vecinas a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar en lo relativo a tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y toda otra inquietud que consideren importante tanto el I.V.C. como los habitantes de la Villa 20.
Con respecto al estado de los terrenos, la Ley obliga al Ejecutivo a realizar, antes de comenzar las obras, el saneamiento del suelo. Efectivamente, el predio en cuestión, funcionó durante décadas como un depósito de autos de la Policía Federal, esto generó una contaminación con altos niveles de plomo en los suelos que afectó a los pobladores de la Villa 20, lindante con esas tierras, e intervenciones de la Justicia porteña y la Defensoría del Pueblo para que el espacio sea clausurado.

Un informe de la Defensoría, difundido con datos obtenidos entre el 2004 y 2007, denunciaba que los niños que habitan en la villa 20 estaban expuestos a «importantes niveles de contaminación» debido a la existencia del depósito de autos. Según este estudio los chicos manifestaron «altos niveles de plomo en sangre», así como comprobaron «intoxicaciones de un 35,5 por ciento», un valor que supera el «límite aceptable».
Desde su sanción en 2005 hasta la actualidad, la Ley 1770 nunca fue aplicada en ninguno de sus términos. En tanto que la población de la Villa 20 se fue incrementando. Y el predio siguió contaminado.
En el año 2009, el juez en lo Contencioso porteño Andrés Gallardo ordenó al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a que clausure «de manera inmediata» el depósito de autos a raíz de las investigaciones que demostraban la contaminación. El fallo obligaba a Macri a «ejerzer el poder de Policía y clausurar de manera inmediata» el cementerio y  «arbitrar los medios a su alcance para desocupar totalmente el predio y proceder a su desinsectación y desratización en el término de treinta días». Para garantizar su cumplimento, el juez Gallardo aplicó una multa sobre el patrimonio personal de Mauricio Macri de 50 mil pesos, y ordenó que el dinero recaudado se destinara a la atención médica de los niños afectados.

Las promesas incumplidas, las leyes sostenidas sobre falsas premisas y la crisis habitacional, hicieron que en la madrugada del martes, un grupo de personas ocuparan el predio ubicado en Pola y Fernández, con la trágica consecuencia de un hombre muerto.